MANAGUA (apro).- En la cuarta sesión del juicio oral y público contra los 18 mexicanos acusados de lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República presentaron a los últimos testigos, así como las denominadas “pruebas sobrevenidas”.
La sesión de este martes inició a las 13:45 horas, luego de que el juez Edgar Altamirano, del juzgado noveno penal de Managua, entró al recinto custodiado por oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial y efectivos de las tropas élite de la Policía Nacional, quienes portan fusiles plegables AK-47.
Uno de los testigos clave que desfiló en esta cuarta sesión fue Salomón Hernández, quien compareció en calidad de perito, como analista de información documental. Además, es autor del informe denominado “Análisis de información documental, periodo 2008-2012, caso Televisa”, con fecha del 10 de diciembre de 2012.
Hernández, quien labora en la Policía Nacional desde hace 23 años, analizó los movimientos migratorios de los 18 mexicanos, y determinó que hay un primer nivel entre la estructura delincuencial capturada en Nicaragua, conformada por cinco personas, que son quienes tienen el mayor registro de frecuencias de entradas y salidas por los puestos fronterizos del país desde 2008.
Este primer nivel dentro del grupo, aseguró el perito policial, está integrado por Raquel Alatorre, Salvador Guardado, Juan Torres Torres, Julio Alvarado y Pablo Sosa. Ellos entraron y salieron impunemente desde 2008, viajando en vehículos que utilizaron un total de 18 placas distintas, apuntó.
En el caso de Alatorre, de 39 años y presunta cabecilla de la banda, se tienen 45 registros de entradas y 44 de salidas. Los años de mayor actividad corresponden a 2010 y 2011, cuando sumó 23 ingresos e igual número de salidas, lo que equivale a casi una entrada por mes.
Mientras el perito policial presentaba su informe y la nueva evidencia, Alatorre, quien vestía una camisola anaranjada y un pantalón y suéter deportivo azul marca Wilson, movía la cabeza insistentemente, negando la versión policial.
El mismo gesto hacía Juan Torres Torres, a quien han identificado como el número dos del grupo.
Un segundo nivel de antigüedad en el grupo de 18 mexicanos detenidos está conformado por Carlos Reyes, Valentín Delgado, Guillermo Villagómez, Rodolfo Jiménez, Osvaldo López, Alfonso Martínez e Hirán Pacheco, quienes se involucraron a partir de 2010, año de fuerte actividad, según el perito.
El tercer nivel de antigüedad, de ingreso más reciente, lo conforman Cecilio Torres, Omar Castillo, Iván Cano, Alfredo Mar, Juan Rivera y Raúl Salinas. Unos tienen registros desde 2011 y otros apenas en 2012.
Para este análisis, explicó Hernández, también se analizaron y contrapusieron 132 certificados vehiculares emitidos por la Dirección General de Aduanas (DGA), que confirman que “entre 2008 y 2012 ingresaron de manera consecutiva y frecuente” en tránsito hacia Costa Rica.
Incluso dos de ellos, Salvador Guardado y Julio Alvarado, comentó, tienen reportes migratorios de que entraron a Nicaragua en 2006, rumbo a Panamá, pero no determinó fecha exacta.
Hernández aseguró que conforme a los registros de Aduanas, los mexicanos detenidos utilizaron vehículos que portaron 18 placas distintas. A un grupo de las mismas les llamó “recurrentes” y a otras “alternativas”.
La presentación en Power Point del perito policial, en la que se describía un gráfico de ingresos frecuentes, provocó una fuerte protesta del abogado defensor Ricardo Ramírez Mcnally, quien acusó de “deslealtad” a la Fiscalía, ya que ese gráfico de frecuencias no está incorporado en el informe policial, que fue admitido como “prueba sobrevenida” la semana pasada.
“Ahorita nos está sorprendiendo con ese esquema (de recurrencia), eso es deslealtad de la Fiscalía, ya que están utilizando pruebas que no fueron intercambiadas”, se quejó el abogado defensor, quien pidió que su protesta quedara recogida en el acta de la audiencia. También lo pidió el jefe del equipo de abogados defensores, José Ramón Rojas Urroz.
Esta nueva evidencia apunta a revertir críticas que formularon los defensores en las primeras audiencias, en las cuales insistieron que la Fiscalía no había demostrado que hubiera una jerarquía dentro del grupo de 18 mexicanos, ni estaba claramente identificado el rol que cada uno jugaba, por tanto, no tenía sustento la acusación crimen organizado.
¿Prueba equivocada?
El representante del Ministerio Público, Giscard Moraga, también hizo comparecer a otro perito policial, Winston Galeano, quien dijo que era el jefe de la Unidad de Análisis Forense Digital, división policial encargada de hacer análisis de información contenida en computadoras, tabletas, teléfonos, etc.
Utilizando la herramienta gráfica Analyst Notebook 8 (i2), Galeano explicó que analizó la base de datos de llamadas telefónicas realizadas por Raquel Alatorre entre el 25 de julio y el 24 de agosto de 2012. La última fecha corresponde al día que fueron detenidos y presentados ante la prensa nacional y extranjera.
El informe del perito de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional (DIE) asegura que Alatorre Correa utilizó el número telefónico 87258474, comprado a un proveedor local de telefonía móvil (Claro), y desde éste hizo 106 llamadas al 5215548149887, propiedad supuestamente del “licenciado Amador Narcia Estrada”, funcionario de Televisa.
Según el informe de la DIE, Alatorre Correa realizó en total 249 llamadas a 20 números distintos, la mayoría de ellas al teléfono identificado como de Amador Narcia Estrada. Le siguen 36 llamadas al número mexicano 5213317618246 y 20 al 525548149887.
Además, Alatorre Correa se comunicaba con Juan Luis Torres Torres, a quien identifican como segundo al mando de la organización, de acuerdo con el esquema de la Policía nicaragüense. Ambos realizaron llamadas a un mismo número telefónico, el 5215511950449, cuyo dueño no fue identificado. Por otra parte, él llamó a una persona en México que sólo identificaron como licenciada Diane.
Tanto Alatorre como Torres negaban con la cabeza, en silencio, lo que decía el perito policial.
Los abogados defensores intentaron inútilmente desautorizar el testimonio del oficial policial, que acudió como testigo de la Fiscalía nicaragüense. En varias ocasiones preguntaron sobre el origen de la base de datos que analizó, de dónde provenía, quién autorizó ese análisis y cómo se determinaron los números identificados, por ejemplo los de Amador Narcia y del hotel Longarone.
Finalmente, el abogado Ramírez Mcnally presentó un incidente de nulidad en contra de esa prueba pericial, ya que en su opinión es una “prueba envenenada”, porque se tomó con base en una intersección telefónica, lo cual sólo puede ser aprobado a solicitud de una autoridad judicial o de la jefa policial.
Sin embargo, en este caso dijo que la orden provino del inspector a cargo del caso Televisa, el detective Isaac Pérez.
Este argumento fue refutado por el juez Altamirano, quien insistió que no hubo intersección telefónica, sino que se analizó una base de datos de llamadas entrantes y salidas, que facilitó la compañía proveedora, en este caso Claro.
No obstante, llamó la atención de los abogados defensores y de la prensa reunida, que al preguntar sobre la llamada entre sí que se hicieron Alatorre y Torres Torres, el perito dijo que se llevó a cabo el 24 de agosto, después de las 10:00 horas.
Irónicamente, a esa hora, ese día, las autoridades policiales estaban presentando a los mexicanos con bombos y platillos ante la prensa nacional y extranjera, en la sede de la Policía Nacional, tras ser arrestados la tarde anterior.
Esta incongruencia no pasó desapercibida para los abogados defensores, quienes preparan sus alegatos finales del caso contra los 18 mexicanos.
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